Diputados dio el primer paso en la adhesión de San Luis a la Ley nacional de Regularización de Activos

El proyecto para que San Luis adhiera al Régimen de Regularización de Activos contemplado dentro del Paquete Fiscal (Ley nacional N° 27.743), dio el primer paso en la Cámara de Diputados.

A instancias del oficialismo y los bloques aliados (con una votación de 25 a 17), la iniciativa enviada por el Gobierno provincial, ahora será tratada este jueves por el Senado que se encuentra en cuarto intermedio desde el martes.

La adhesión libera a quienes adhieren del pago de los impuestos sobre Ingresos Brutos y Sellos que le hubieren correspondido aportar por las operaciones que originaron los fondos o bienes regularizados.

Esto sigue lo establecido en el artículo 42 de la norma nacional que invita a las provincias a “adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.

Los contribuyentes que no tienen sus activos declarados podrán blanquear hasta US$100.000 sin abonar ningún impuesto fijo, y sin ningún tipo de penalización.También propone alícuotas progresivas dependiendo del momento en que los contribuyentes decidan adherirse al régimen: un 5% para quienes se sumen antes del 30 de septiembre, 10% hasta diciembre y 15% hasta marzo, acompañados de exenciones fiscales.

En el recinto, la presidenta del interbloque Cambia San Luis-UCR, Eugenia Gallardo fundamentó la necesidad de aprobar el proyecto en su condición de miembro informante de la Comisión de Finanzas, Economía y Obras Públicas. Explicó que la misión es “incentivar la producción, la inversión y el empleo” y brindó detalles técnicos juntos a los alcances.

“Es muy atractiva para pequeños y medianos contribuyentes que buscan  poner en orden sus finanzas sin incurrir en costos adicionales. Se pueden blanquear todo tiempo de inmuebles y capitales que se encuentren en el país o en el exterior, y que fueron omitidos en declarar. Quienes se adhieran no podrán inscribirse en esquemas similares hasta el 2038”, sostuvo en su intervención Gallardo.

También puntualizó que se “ha puesto grandes expectativas en este régimen que busca reactivar sectores de la economía”. “A diferencia de otros (blanqueos), se puede apreciar que se busca incentivar la producción y no la recaudación”, dijo.

Entidad intermedias como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ambas sedes de San Luis promovieron la adhesión de la Provincia. Representantes de estas instituciones incluso participaron de las reuniones de comisión.

Por otro lado, recordó diferentes experiencias en la provincia: en 1987 bajo la presidencia de Ricardo Alfonsín; en 1992 con Carlos Menem; en el 2009 y 2013 con Cristina Kirchner; en 2016 con Mauricio Macri; y en 2021 con Alberto Fernández.

Un dato que destacó fue que, del resultado del blanqueo, se coparticipan recursos a las provincias. “La adhesión permitirá exteriorizar voluntariamente ahorros que se transformaran en una inyección de recursos económicos a través de capitales. Circulará dinero que estaba guardado en cajas fuertes o cuentas en otros países”.

“La Povincia implementa permanentemente incentivos para la cultura impositiva como una ley de moratoria muy amplia y beneficiosa”, sumó.

Es requisito no poseer deudas exigibles por tributos provinciales para poder acceder a los beneficios, como así también quedarán excluidos sujetos que “sean encontrados en procesos de fiscalización por el Impuesto sobre Ingresos Brutos con anterioridad a la promulgación de la ley o que se encontraren en un proceso de determinación y/o discusión administrativa, jurisdiccional o judicial”.

“Es una importante oportunidad para los contribuyentes que tienen un gran potencial para dinamizar la economía de San Luis”, completó.

El albertismo se ubicó en la vereda de enfrente y se pronunció en contra del proyecto. Las críticas giraron en torno a la “injusticia” sobre los cumplidores fiscales, la posibilidad de que ingresen al blanqueo dinero ilegal, principalmente del narcotráfico, y que “beneficia a evasores”. En 2016 estuvieron de acuerdo con el blanqueo y en que aquella oportunidad no se coparticipaban los recursos con las provincias.

Una de las voces de la oposición que se escuchó fue la presidenta del bloque de Unión por San Luis, Claudia Pinelli: “En casos anteriores fue un fracaso evidente, con una recaudación muy exigua. En este caso no hay que esperar otra suerte”.

“Es claramente un proyecto que sigue los lineamientos del presidente (Javier) Milei. Consolida el lavado de dinero y presenta una inequidad respecto de quienes cumplieron correctamente”, agregó.

La preocupación sobre los orígenes de los capitales fue respondida por Maia Loredo (CSL-UCR): “En el artículo 43 de la Ley Bases, que regula el blanqueo, se establecen las leyes que no van a dejar de estar exentas”.

“Entiendo que puede haber reservas sobre quienes van a blanquear, pero hay muchos que deberán blanquear por una actitud adoptada ante las trabas fiscales”, señaló.

Por su parte, Mauro Chiatti (CSL-UCR) indicó que “no solo es tratada una ley sino una visión para el país y de San Luis”. “Cada paso que damos tiene consecuencias positivas. Es una herramienta para las personas y empresas. Es una oportunidad para recuperar el control del futuro económico. Todos conocemos a gente que se ha visto ahogada en dificultades fiscales. Esto permite algo fundamental, que es empezar de nuevo”, manifestó.

En su artículo 7°  invita a los municipios a sumarse a la ley y “dictar normas complementarias”.

Quienes también intervinieron en el debate fueron Ivana Ricca, Marisa Patafio y Claudia Díaz (CSL-UCR); junto a Federico Berardo, Gloria Petrino y Walter Aguilar (UxSL).